Imagine por un momento que la seguridad sobre su hogar, su patrimonio o el esfuerzo de toda una vida dependiera de un concepto legal tan elástico que pudiera justificar una expropiación bajo criterios políticos de turno. ¿Qué tan dueño se sentiría realmente de su destino? Esta tensión entre la autonomía del individuo y las urgencias de la colectividad no es un mero ejercicio retórico; es la columna vertebral de nuestra historia constitucional reciente. En el Perú, la respuesta a esta incertidumbre sufrió una metamorfosis radical con la transición de la Constitución de 1979 a la de 1993. Al sustituir el concepto de "interés social" por el de "bien común", no solo se alteró la semántica de un artículo; se reconfiguró la hermenéutica de la propiedad privada en favor de un modelo de mercado. Sin embargo, ¿significa esto que la propiedad se ha vuelto un derecho absoluto? La respuesta reside en una comprensión profunda de lo que nuestra Carta Magna entiende hoy por conv...
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